Luis Fernando Ayala tenía solo 16 años cuando se convirtió en un joven defensor ambiental en la comunidad de Guala, Santa Bárbara. Participaba activamente en el Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), junto a otros miembros de su familia. Su lucha se centraba en oponerse a concesiones mineras e hidroeléctricas que amenazaban el territorio, especialmente a una concesión para la extracción de yeso otorgada de manera indefinida en la zona.
Además de su defensa ambiental, Luis Fernando participó en protestas ciudadanas tras las cuestionadas elecciones del 26 de noviembre de 2017, un periodo marcado por represión estatal y persecución a líderes juveniles. Según su familia, su activismo político también pudo motivar amenazas en su contra. El 3 de diciembre de 2017, fue secuestrado por tres hombres encapuchados, según una testigo de la hacienda donde trabajaba. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado con señales de tortura y amputación de manos. El crimen evidenció un mensaje de intimidación contra quienes defienden derechos.
